En un escenario ideal, el oficialismo logra la aprobación de todas sus reformas en el Congreso sin obstáculos, sin posibilidad de que el Poder Judicial revierta las modificaciones constitucionales. Esta situación actualmente beneficia al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en la recta final de su mandato y se prepara para ceder el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Entre sus últimas acciones, busca llevar a cabo una enmienda constitucional ambiciosa: la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta modificación va más allá de un simple cambio de nombre. La GN, establecida en 2019 como una fuerza policial de mando civil bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pasaría a ser controlada por la Sedena, convirtiéndose en un brazo más de las fuerzas armadas mexicanas. Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones no gubernamentales y sectores académicos, quienes ven en esta acción una posible militarización de la seguridad pública en el país.